Dos interpretaciones sobre el funcionamiento de la economía venezolana cuentan con mayoritaria opinión favorable o han conseguido un cierto consenso en diversas esferas políticas, académicas y hasta de opinión pública general. O, para decirlo de otra forma, han logrado acuñar conceptos y expresiones que están presentes o ciertamente dominan el común de los análisis sobre la economía venezolana y sus implicaciones sociológicas, políticas y hasta culturales. Nos referimos a las ideas del llamado “modelo rentista” (Mommer y Baptista, 1992) y (Baptista, 1997), entre otros, y a las adaptaciones o interpretaciones, a la luz del fenómeno venezolano, de la llamada “enfermedad holandesa” (Corden y Neary, 1983) Ambas interpretaciones están alineadas y son consistentes, según Mommer y Baptista y según Garcia L. y según muchos otros economistas que se ha adherido más o menos explícitamente a tales interpretaciones.
Según estos, y en términos resumidos, los incrementos en la renta petrolera en períodos de precios altos, o la transferencia de ingresos provenientes de los consumidores internacionales del petróleo, constituye un ingreso extraordinario que supera la capacidad de absorción de la economía no petrolera. En consecuencia, estimulan hasta ahora de maneara inevitable la sobre valuación del bolívar e impiden el desarrollo exportador del resto de la industria y los servicios, en particular por los diferenciales de productividad de estos últimos, comparados con las actividades vinculadas a la explotación de los hidrocarburos.
En esa línea de trabajo, por ejemplo, García L. prueba, con un trabajo detallado sobre la Tasa de Cambio Real (TCR) y la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA)[1], que una de las principales claves a las cuales hay que poner atención en el caso venezolano es al asunto del bolívar sobrevaluado la mayor parte del tiempo. Sobre valuación que incluso se manifiesta, de manera paradójica, con persistentes superávits en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Todo lo cual evidencia que “el país ha mostrado ser incapaz de conciliar los cuantiosos ingresos externos que le depara la venta del petróleo en los mercados internacionales, con la creación de condiciones propicias para un desarrollo sostenido, capaz de asegurar niveles crecientes de bienestar a su población”[2].
Así las cosas, y esto lo asumimos como parte importante de nuestra interpretación del fenómeno, hay un problema clave, un tema central del análisis de la economía venezolana y de su política económica. Nos referimos al tremendo diferencial de productividad[3] existente entre, por una parte, las empresas directamente involucradas en la exploración, explotación, transporte, refinación y comercialización de los hidrocarburos y, por la otra, los demás sectores productivos.
Pero se debe tener cuidado, pues frecuentemente se confunde, se intenta equiparar o se manipula con la idea de que este diferencial de productividad indica también diferencial de eficiencia, competitividad o calidad de la gerencia y del personal que labora en una u otra estructura productiva. Queremos enfatizar que, a partir de ese diferencial, no se puede afirmar que un sector sea más eficiente o más competitivo que el otro, ni que PDVSA haya estado o esté hoy mejor manejada que las demás empresas industriales y de servicios del resto de la estructura productiva existente en Venezuela. Se trata de la alta productividad derivada de la escasez relativa, e incluso se diría absoluta del recurso natural[4] y, por otra parte, del alto acceso a avanzadas tecnologías gerenciales, tanto blandas como duras.
Así pues, desde nuestro punto de vista es posible identificar en Venezuela al menos dos estructuras productivas diferenciadas, económica y organizativamente, además de tecnológicamente. Diremos que en Venezuela se ha desarrollado una estructura productiva dual. Por una parte PDVSA y las empresas, o estructura productiva, directamente involucrada en la actividad petrolera. Estas empresas derivan un alto ingreso en divisas con una altísima productividad relativa de la mano de obra que emplea. Esa altísima productividad relativa y el volumen gigantesco de las operaciones petroleras en un país petrolero de las dimensiones y significación de Venezuela, determinan un acceso casi ilimitado a los más avanzados recursos científicos y tecnológicos y a las más sofisticadas herramientas gerenciales disponibles en el mundo de los negocios globales.
Pero no sólo PDVSA y el resto de la estructura productiva vinculada directamente a los hidrocarburos tienen acceso a estos recursos científicos y tecnológicos y a estas herramientas gerenciales, también lo tienen las grandes empresas o corporaciones extranjeras localizadas en Venezuela, por la vía de sus casas matrices y desde una perspectiva de economía global. Pero también tienen acceso las empresas que directamente son estimuladas o promovidas por el Estado con el alto ingreso nacional que genera la actividad petrolera. El Estado, receptor único de esos recursos, transfiere o distribuye por dos vías ese diferencial de productividad a otros sectores o estructuras productivas. Uno, por la vía de la inversión directa del Estado y, dos, por la vía del gasto de ese ingreso por parte del Estado y su consecuente estímulo al consumo agregado de una población esencialmente dependiente del paternalismo estatal.
Por estas vías otras empresas se comportan en algún sentido, y con diverso nivel, como si fueran parte integral de la estructura productiva dominada por la actividad de los hidrocarburos. Nos referimos a las grandes empresas petroquímicas, de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, las grandes empresas metalúrgicas de Guayana y también de otros servicios públicos, como aguas blancas o servidas u otros que se sostienen con fuertes subsidios, a la producción y al consumo, y que tienen acceso directo a grandes volúmenes de inversión proveniente de esos ingresos petroleros, o de esa “renta”, si así aceptamos llamarla.
Es importante acotar que esta primera estructura productiva está conformada exclusivamente por industrias de procesos. Así que es importante, para mayor claridad del texto, precisar las características principales de las industrias de procesos:
En conclusión, el corazón de la economía venezolana es esa estructura productiva conformada casi totalmente por industrias de procesos, vinculadas directamente a los hidrocarburos o a los servicios públicos y casi totalmente en manos del Estado.
La otra estructura productiva, mayoritariamente en manos de privados, conformada tanto por industrias de productos como de procesos, esencialmente fue creada con el respaldo indirecto del ingreso petrolero, en espacios de inversión que podríamos calificar como tradicionales, que por lo general no demandan grandes volúmenes de inversión, muchos de ellos dirigidos al consumo final y masivo (alimentos, bebidas, textiles, confección y calzado; o de metalmecánica, particularmente automotriz y autopartes, y los insumos para la industria de la construcción.
Es bueno señalar que este sector siempre se ha visto a si mismo, también así se ha expresado con claridad en la política industrial del Estado durante casi todo el siglo XX, como el sustituto deseable o inexorable de la industria petrolera, para cuando está última dejase de aportar al ingreso nacional o sufriera los avatares y cambios de los mercados internacionales. Todo lo podemos resumir en la secular política o filosofía de la “siembra del petróleo”. Dentro de la cual siempre se ha identifico a esta estructura productiva como el objeto predilecto y casi único de la política pública de desarrollo industrial. Cuando se ha hablado de diversificación productiva, es hacia estos sectores que se voltea la mirada. Ese ha sido el argumento central para que la política industrial, el Ministerio de Fomento o el de Industria y Comercio, sólo considerara a estos sectores como objetos del la política industrial del Estado.
Se trata de esa estructura productiva que está “filosóficamente” divorciada de la economía petrolera, pues se concibe como la alternativa a ella. Pero además es producto de una política industrial y de desarrollo productivo que sólo toma el ingreso que el sector petrolero produce para generar un “funcionarato” y una estructura institucional de promoción de esta industria, de esta estructura productiva no petrolera. Pero que se crea y promueve para no acompañar al llamado sector petrolero, porque no se prevé y hasta se considera indeseable, que se teja en sus procesos productivos. Por otra parte, este sector no ha logrado, y todo indica que nunca lograra por esa vía, niveles de productividad lo suficientemente altos como para compensar la sobre valuación del bolívar. Ello en la medida que no puede crecer y ha dependido para su subsistencia de espurias formas de contratación con el Estado, el único mercado local suficientemente grande con que cuenta el país.
No obstante es bueno acotar que por diversas vías hemos identificado un número no determinado de empresas, algunas pertenecientes a los grupos económicos más modernos de la estructura productiva venezolana, otras son organizaciones independientes o incluso empresas de carácter familiar, de tamaño diverso (grandes, medianas y pequeñas); en los sectores de autopartes, electrónica, alimentos y bebidas, servicios tecnológicos, software y servicios informáticos y otros; que han logrado altos niveles de competitividad, manifiesta en su capacidad innovadora, en sentido amplio: en lo tecnológico, organizativo, económico, etc. Empresas competitivas también por su capacidad de exportar altas proporciones de su producción a mercados muy exigentes y altamente competidos de América del Norte, Europa y Asía.
En conclusión, la estructura productiva venezolana podríamos calificarla como dual y no integrada. Y, en muchos sentidos, estamos hablando de dos estructuras productivas en contraposición, filosóficamente hablando y desde el punto de vista de los objetivos de política de desarrollo productivo que han dominado en el Estado.
Contrarias, además, por que mientras a una le “interesa” el bolívar sobrevaluado a la otra le perjudica. Así, en la medida que siempre ha dominado políticamente la estructura productiva directamente involucrada en la actividad petrolera, pues se beneficia del bolívar sobrevaluado, la otra es inherentemente débil y con una productividad que difícilmente podrá alcanzar, como estructura productiva, que no como empresas individuales o casos particulares, a la productividad que se deriva de la “renta” petrolera.
Si bien estas contradicciones respecto a la tasa cambio son comunes y lógicas en cualquier economía, allí son consecuencia de los intereses contradictorios entre los comerciantes importadores y los productores (industriales o agrícolas) que desean la protección que les da un moneda local subvaluada. El problema es que en Venezuela son los intereses contrapuestos entre dos sectores productivos o dos estructuras productivas locales y no simplemente entre comerciantes importadores y productores nacionales.
El desbalance entre esos intereses y entre las dos estructuras productivas se sostiene en Venezuela, primero que todo, porque de la sobre valuación no sólo se beneficia la estructura productiva directamente vinculada a los hidrocarburos y a los servicios públicos, sino también, como es lógico, los comerciantes importadores, pero también el público en general que disfruta del acceso a bienes internacionales con los precios y calidad que comúnmente no se consigue en la producción local. Este es el sentido de las comillas puestas sobre la palabra “interesa” con referencia al bolívar sobrevaluado. Es decir no responde a una racionalidad económica, sino política.
En definitiva, el tema de la tasa de cambio tiene fuertes implicaciones políticas. La población votara por quien ofrezca o se interprete que puede lograr un bolívar sobrevaluado y por tanto un mayor control sobre la inflación. Y en este planteamiento contará con el apoyo o complacencia de la estructura productiva del Estado que es el corazón de la economía. Pero todo ello significa mantener un aparato del Estado extremadamente grande, en la medida que absorbe la mano de obra que no consigue trabajo en la economía privada, generalmente pequeña, con baja productiva relativa, de subsistencia muy inestable y con una muy débil posición de negociación.
Segundo, un bolívar sobrevaluado en presencia de altos precios del petróleo garantiza un alto ingreso, a disposición de la clase política, para sostenerse en el poder. Cosa que logra con empleo público y otorgando concesiones y favores. Incluyendo los favores a los industriales y productores de la estructura productiva no petrolera, para que se mantengan “vivos” a costa exclusivamente de la explotación del mercado local, el único al que pueden acceder con una productividad tan baja y con tan bajo crecimiento, por las limitaciones que impone un mercado local bastante pequeño.
No obstante podemos decir que existe una tercera estructura productiva o grupo de empresas que producen bienes y servicios. A esta estructura productiva la llamaremos transversal, pues hay industrias de productos y de procesos y servicios industriales, es casi totalmente privada o vinculada a empresas extranjeras, hay empresas grandes medianas y pequeñas, pero se relaciona o se teje con la producción de los hidrocarburos, particularmente con PDVSA y el resto de la estructura productiva directamente vinculada con los hidrocarburos. Además se teje con las otras grandes empresas de procesos del Estado, como las de CVG, electricidad, acueductos, etcétera; se teje con las grandes corporaciones internacionales y también con las pequeñas y medianas empresas de los otros sectores productivos y con la industria de la construcción.
Nos referimos obviamente a los proveedores de bienes y servicios a la industria petrolera y petroquímica y de procesos en general, nuestro objeto central de atención. Podríamos decir que este es el equivalente al cuerpo calloso que une los dos hemisferios del cerebro, es el sector transversal de la economía, porque también provee de bienes y servicios o compite con los proveedores extranjeros para una buena parte de los demás sectores productivos privados, los que por cierto, también son en su mayoría industrias de procesos.
Todos los sectores productivos venezolanos se ven afectados, como señala García, H., (2000), por la “trampa macroeconómica” en la que se encuentra inmersa toda la economía venezolana desde hace más de dos décadas. Según la cual, la búsqueda de los equilibrios fiscal y externo origina un escenario microeconómico muy adverso a la actividad productiva, generando desempleo y quiebras, y paralizando la inversión. Pero esta tercera estructura productiva, transversal, las empresas productoras de bienes y servicios para la industria petrolera y de procesos en general, se ven afectadas además, y de manera directa y casi inmediata, por la pendular política de aumentos y reducciones drásticas en la producción petrolera. Y ahora nos referimos en especial a la política adelantada desde 1998, y continuada incluso acelerada, como parte de la estrategia para recuperar y estabilizar los precios internacionales del petróleo a partir de 1998. Por ejemplo, ello significó la paralización de taladros (más de 120 taladros activos para inicios de 1998 contra alrededor de 60 al cierre del 2001), la reducción en las actividades exploratorias, de producción y transporte de hidrocarburos. Así también, el retardo o desescalamiento de muchos proyectos de gran importancia, sólo para mencionar algunos de los hechos más importantes.
En concreto estos hechos determinan una disminución significativa en las compras locales de PDVSA, sin que las llamadas “empresas de la Apertura Petrolera” lograran compensar tal reducción de la demanda. Para entender mejor la circunstancia, es bueno recordar que estas reducciones en la actividad petrolera se inician después de un intenso período en que PDVSA y los más altos jerarcas del gobierno de Caldera crearon grandes expectativas acerca de un largo proceso de crecimiento, montado sobre las inversiones previstas en los planes de la Apertura Petrolera, cuando la política fue poner grandes volúmenes de producción en los mercados internacionales en lugar de intentar controlar los precios.
En ese período (1995-1997 e inicios de 1998) muchas empresas se prepararon para el crecimiento de la demanda: hicieron inversiones, en alguna medida de endeudaron, ampliaron su capacidad y potencial de operaciones, para al final, después de un breve y no muy importante repunte de la demanda durante el 97 y primera mitad del 98, tuvieron que enfrentar una agudización en la caída de la demanda y la recesión generalizada.
Por supuesto que esto es obviamente válido también para el resto del sector productivo indirectamente vinculado a la actividad petrolera y para todo aquel que confió en la prédica de PDVSA y del gobierno de turno, acerca de “la Apertura Petrolera como locomotora del nuevo desarrollo industrial de Venezuela”.
Estos son precisamente los canales a través de los cuales se fomentan las crisis recurrentes de la economía venezolana, más allá del efecto posterior sobre el ingreso público y, consecuencialmente, los gastos del Estado. Así pues, cabe preguntarse ¿cuáles son las consecuencias interpretativas, o teóricas, para llamarlas de alguna manera, de esta reflexión?[1] Ver: García Larralde, Humberto, “Política Cambiaria, Diversificación Productiva y Competitividad en Venezuela”, CENDES-UCV, 2002.Tesis de Doctorado en Estudios del Desarrollo (CENDES-UCV).
[2] Ibidem, p. 242.
[3] Medido este diferencial por el total del ingreso percibido por los productos de la actividad entre el número de trabajadores que se involucran directamente en la producción de esos bienes.
[4] Como argumenta David Goodstein en su libro “Out of gas: The End of the Age of Oil”, Nueva York, W.W. Norton, 2004. similar argumentos se encuentra en otras fuentes autorizadas, como Cambridge Energy Research Associates que estiman entre veinticinco y treinta y cinco años como el tiempo que resta de la era del petróleo.